Ocultar las equivocaciones propias, sean penales, civiles, administrativas, éticas o estéticas siempre ha sido coser y cantar para la federación nacionalista catalana, la derecha identitaria. Bastaba con colocarlas bajo el manto de la incesante afirmación simbólica y sentimental de la diferencia, aunque fuera exagerándola para justificar posiciones extremas. Bastaba con poner a sublimar los supremos valores patrios de turno a fuego rápido, con la superioridad  de siempre ante pueblos menos elegidos. Cuando el presidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley fue imputado por el cata-crac de Banca Catalana, respondió acusando al Gobierno González de “jugada indigna” (el Estado de Derecho existe menos cuando no interesa) e inflamando una magna concentración de adhesión personal y familiar, donde los alaridos contra Madrid se hermanaban con piropos a Marta Ferrusola (“això és una dona!”) en el terreno de la etérea creencia, del imperativo categórico de la inocencia.  El carismático político y discutible banquero Pujol nunca llevó la mancha mediática de la corrupción en el traje, salvo para el puñado de no adeptos a esta variante de teocracia que se resitían a ser iluminados. Convergència, confesaban sus predicadores, no era Unió, que se metía en uno, dos, tres charcos de lodo seguidos, sino la viva encarnación de la pureza por hacer país.  Las acusaciones del exterior eran desmontables por el eterno odio y asechanza del enemigo centralista y las interiores, explicables por una izquierda perdedora y resentida, que bastante tenía con barrer su apestosa casa. “A la izquierda le falta exigencia moral”, dijo Jordi Pujol cuando aún era President. Luego, el partido de orden por excelencia, el garante del statu quo del seny ante cualquier caja de impuestos, de caudales o de reclutamiento, el epicentro del civismo burgués con acento cristiano y perfume sueco, el santo espíritu y seña de Catalunya, resulta que era carne de nuestra carne pecadora, carne picada en las terulias: en el Caso Casinos se acreditó financiación ilegal (aunque no tipificada), el juez propuesto por CiU y su empresario de referencia resultaron ser unos delincuentes, igual que  el abogado de Pujol en Banca Catalana y su asesor fiscal más cercano;  Maragall desenterró el país del 3% de comisión, un ex conseller y un ex secretario de la presidencia “suciovergentes” se añadieron al ilustre banquillo, Millet se embolsó 630.000 euros del Palau, afloraron amigos del alma de la mafia rusa y, que conste, el conseller Roma resultó no culpable pero encargó trabajitos a domicilio a la empresa que se los hacía en el Govern. Una gran porción de la política al servicio de los lobbies aún no ha asomado, porque CiU no publicará la lista de donantes para que luego tengan represalias. En resumen, como bien recuerda el catedrático Jordi Matas Dalmases, una quinta parte de los consejeros de Jordi Pujol han sido imputados por corrupción. Deduzcan la calidad de nuestro gobierno. Y la sociedad que se exoneraba de culpa y se regocijaba con los gangsters, cacos y caraduras del país vecino, estaba tan carcomida como él. Sin embargo (valencianos y catalanes ofrecen paralelismos curiosos) es materia probada que la mayoría de catalanes no quiere ver las letras de c-o-r-r-u-p-c-i-o-n en el tablero luminoso del oculista si éste es convergente.

Así las cosas en el oasis fétido, vuelven a saltar las comisiones no obreras y los conseguidores de los recursos públicos, ahora, ojo, en la persona de Oriol Pujol i Ferrusola. Debemos ser cautos: nadie ha demostrado que los hijos del ex President se hayan hecho multimillonarios haciendo negocios con la Generalitat, por ejemplo gracias a adjudicaciones a sus empresas. Nadie  es sospechoso por el mero hecho de ser hijo de, poseer poder o dinero. La carga acusatoria de las conversaciones telefónicas intervenidas, no obstante, parece ir más allá de los “aromas de corrupción” que el fiscal del Estado Eligio Hernández veía en las conductas económicas de la saga. La reacción de Oriol es más sensata que la de su padre en 1984, aunque no deja de rebozarse en la bandera estrellada. Desde luego, no es azaroso que este asunto brote como imputación cuando la imagen de la España podrida y negra de defraudar, que cada día se envilece más y más en las cuevas calumniadoras de la derechona, favorece con su mera imagen cualquier proceso soberanista que invite a ponerle tierra decente de por medio. ¿Lo véis? -nos deslizan los directores de orquesta en la sombra-: Bárcenas somos todos. Las manos mágicas que activan las compuertas de las coacas judiciales de los Estados y de los aspirantes a Estado, el partidismo ciego de la justicia, son una atenuante. Pero nunca eximirán de culpa. Culpa histórica.